Lo que resulta sorprendente es que según se menciona en este artículo, supuestamente Jorge Chavarría antes de asumir su cargo de fiscal general intervino para interrumpir la indagación que se le realizaría al exministro Rodrigo Arias para que rindiera cuentas acerca del manejo de $2 millones que obtuvo del Banco Centroamericano de Integración económica. Lo cual parece inconcebible porque a pesar de que esta persona pasaría a ocupar un cargo de gran relevancia no estaba en su potestad influenciar o presionar a empleados del Ministerio Publico para que tomaran decisiones que favorecieran a sus intereses particulares.
Sin embargo la ciudadanía también procede a cuestionar cuales fueron los argumentos que tomaron en consideración los magistrados en el momento de decidir el veredicto que libraría de toda culpabilidad al fiscal Chavarría dado a que muchos lo consideran culpable y esperarían como mínimo la remoción de su cargo. No obstante el fiscal actualmente sufre de cuestionamientos acerca de su integridad y si es el más indicado para llevar a cabo su puesto.
Son por sucesos como estos que la ciudadanía ha dejado de confiar en las personas encargadas de velar por el cumplimiento adecuado de las leyes ya que constantemente estas se infringen para favorecer los intereses particulares de otros, influenciados únicamente por el poder de manipulación que tiene sobre diversos sectores de la sociedad, lo cual creen que les da el derecho de realizar actos inadecuados pasando por encima de la leyes establecidas.
Por consiguiente el estado ha dejado de ser ese gobierno que velaba por la igualdad y los derechos que garantizaban que Costa Rica fuera una nación más democrática, soberana e integra al mismo tiempo que paso a ser sustituida por un lugar donde es común pasar por alto las normas que regulan el bienestar de los ciudadanos.
Por tanto debemos enfrentar a nuestros dirigentes y reclamar nuestros derechos, decirles que no solamente somos simples observadores que valemos como personas y queremos que se ejecuten las leyes ya establecidas, y por consiguiente que se tomen las medidas que sean necesarias de acuerdo a cada caso y que este sea castigado con mano dura ya que esta es la única forma de corregir el comportamiento tan mediocre que enfrenta nuestro país en materia legal en este momento, de tal manera que se pueda esperar un futuro más prometedor que el actual. Por tanto debería existir mecanismo que brinde un mayor apoyo para aquellos funcionarios que decidan denunciar cualquier anomalía que observen en sus ambientes de trabajo de tal forma que se conserve la integridad de sus funciones evitando el deterioro de los poderes de la república.
En conclusión las medidas que deberían tomar los funcionarios que asuman cargos públicos en un futuro es fortalecer tanto sus valores como su integridad de tal forma que, puedan contar con las herramientas necesarias no solo para evitar sino mas bien erradicar toda conducta inadecuada que pueda presentarse en cualquiera de los niveles de los poderes de la república de tal forma que permita restaurar los cimientos de una democracia más justa e igualitaria en la que la ley sea la base de nuestro desarrollo llevando a un mejor manejo tanto de los recursos como el bienestar social lo cual vendría a fortalecer y promover una sociedad más efectiva y eficiente para sus ciudadanos.
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